¿Qué es la debida diligencia en Derechos Humanos y cómo pueden las empresas implementarla con un impacto significativo? Esa es la pregunta que aborda el VII Informe anual del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo (OEPCI), que fue presentado en la Conferencia sobre Crecimiento Inclusivo en la sede de Arquia Banca el pasado 6 de junio.
Como socios del Observatorio, el Director General Adjunto de Arquia Banca, Raimon Royo, ofreció un mensaje de bienvenida a los asistentes, acompañado del Presidente de la Fundación CODESPA, Andrés Fontenla.
La conferencia giró en torno a cómo, en los últimos años, la agenda de Derechos Humanos para las empresas se ha ampliado considerablemente, incluyendo temas críticos como el cambio climático, la erradicación del trabajo forzoso y la protección de las personas en el uso de la inteligencia artificial.
La nueva Directiva Europea sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad (CS3D), aprobada en abril de 2024, se convierte, por esto, en un punto central del informe. Esta Directiva exige a las empresas adoptar medidas para prevenir, mitigar y eliminar los impactos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente, así como asegurar que las empresas contribuyan activamente al desarrollo sostenible y la transición hacia sociedades y economías más inclusivas.
Apoyada por más de 90 organizaciones, esta Directiva busca armonizar las regulaciones de la UE y ofrecer mayor transparencia y seguridad jurídica, fomentando un comportamiento empresarial responsable.
Además, el informe presentado propone los pasos necesarios para implementar de manera adecuada la debida diligencia: compromiso político, identificar los impactos, integrar los hallazgos, realizar una labor de seguimiento, informar y mitigar o remediar.
En definitiva, aunque la implementación de la debida diligencia no está exenta de desafíos para las empresas, también abre un campo de posibilidades a nivel estratégico para el sector privado.
La investigación recogida en el informe del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo señala que la correcta gestión de los derechos humanos aporta beneficios para las empresas: evita demandas y litigios, mejora la reputación y posicionamiento a nivel global, potencia la capacidad de atracción de talento y de negocio, facilita el acceso a inversores y fondos de grandes organismos con criterios de sostenibilidad social y derechos humanos, aumenta la productividad y mejora la gestión de riesgos.