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Arquia Gestión


Arquigest, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva se constituyó en España como sociedad anónima por un tiempo indefinido, el 9 de diciembre de 1985 por acuerdo de la Hermandad Nacional de Previsión Social de Arquitectos Superiores y Caja de Arquitectos, S. Coop. de Crédito. El domicilio social está fijado en Madrid, Calle Barquillo 6, 1º izda.

El objeto social exclusivo de la Sociedad es la administración y representación de Instituciones de Inversión Colectiva.

POLÍTICA DE IMPLICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

NUESTROS FONDOS DE INVERSIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 35/2003, el objeto social de las Instituciones de Inversión Colectiva es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos

La Sociedad es participada al 99,97% por Arquia Bank, S. A. Por ello, la Sociedad pertenece al Grupo Arquia Banca. Y se encuentra inscrita en el registro de Sociedades Gestoras de IIC de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) desde el 17 de junio de 1986, con el número 36.

REGLAMENTO 2019/2088 SOBRE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO

En relación a la Integración de los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión y los resultados de la evaluación de las posibles repercusiones de los riesgos de sostenibilidad en la rentabilidad:

La Gestora no integra aún los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión ya que no dispone actualmente de una política de integración de estos riesgos en el proceso de toma de decisiones de inversión lo que no necesariamente significa que los riesgos de sostenibilidad no puedan llegar a ser significativos

En relación con las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad:

La Gestora no toma en consideración las incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad ya que no dispone actualmente de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas.